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domingo, 21 de marzo de 2010

La titánica misión de Lavín

Difícil por decir lo menos es la tarea que le encomendó el Presidente Sebastián Piñera al ministro de Educación el mismo 11 de marzo, después de haber asumido la Primera Magistratura en el Congreso: normalizar el año escolar en 45 días, plazo que se cumple impostergablemente el 26 de abril. No sólo el tiempo y la magnitud del desastre en el sistema educativo juegan en contra, también la burocracia estatal, los recursos siempre escasos y la necesidad de los municipios de centrarse en tareas más urgentes.

Quizás sabiendo que el cometido se parece más a una misión casi imposible que a una simple instrucción presidencial, el propio Jefe de Estado, al inaugurar el año escolar, le recordó el caso de Michelle Bachelet a quien, apenas asumió como ministra de salud, el ex Presidente Ricardo Lagos le dio sólo 90 días para que terminara con las filas de espera en los consultorios. “Esa ministra terminó siendo Presidenta, veo que tiene muchos incentivos para hacer el trabajo”, dijo el Presidente Piñera al ex candidato presidencial y ahora ministro de Educación.

Y es que la mochila escolar este año llegó pesada. El balance tras el terremoto parece desolador: 3.000 mil millones de dólares en pérdidas

-que equivalen al 10% del monto de daño total estimado por el gobierno- y más de 6.000 establecimientos con diversos grados de destrucción, desde los colegios que requieren reparaciones menores, pasando por aquéllos que están inutilizables. Todo ello sin contabilizar las pérdidas millonarias en universidades y jardines infantiles.

El catastro del Ministerio de Educación indica a la fecha que 840 mil alumnos están sin clases. De las seis regiones afectadas por el sismo, en tres -Valparaíso, Metropolitana y Araucanía- se ha logrado normalizar la situación o está en vías de pronta solución.

Por ejemplo, de los 45 establecimientos que dependen de la Municipalidad de Santiago, sólo 16 han ingresado a clases. Hay 23 colegios que requieren reparaciones con diversos grados de complejidad, mientras que seis establecimientos -el histórico Liceo Manuel Barros Borgoño, el Instituto Superior de Comercio, el Liceo Metropolitano de Adultos, el Liceo República de Brasil y las escuelas Salvador Sanfuentes y República de Brasil- tienen sus respectivos edificios totalmente inhabilitados.

La municipalidad ha buscado diversas soluciones. La modalidad más utilizada es la de que los colegios cuya infraestructura está en buenas condiciones -como la escuela República de México, donde a comienzos de esta semana el Presidente Piñera y el ministro Lavín inauguraron el año escolar- suspendan transitoriamente la jornada escolar completa y acojan a los estudiantes de los colegios más dañados. Una segunda solución consiste en ocupar otra infraestructura, como en el caso del Liceo Manuel Barros Borgoño, para cuyos alumnos se está pensando habilitar dependencias del centro de empresas y negocios Santiago Innova -cuyo consejo directivo es presidido por el alcalde de la comuna, Pablo Zalaquett- para retomar las clases el 15 de abril próximo.

De esta forma, de los 29 colegios que no han iniciado su año escolar en esta comuna, 17 lo harán a partir de mañana lunes, mientras que 12 retomarán sus actividades normales durante la primera quincena de abril.

La situación más compleja se vive en las regiones del Maule y Biobío, donde prácticamente nadie ha vuelto a clases, mientras que en la Región de O’Higgins sí lo ha hecho la mitad de los alumnos. Aquí están los problemas de mayor complejidad, porque existen muchos alumnos y profesores que atraviesan graves situaciones -el gremio estima en 500 los docentes seriamente damnificados- y los municipios, dueños de los establecimientos públicos, están enfocados a satisfacer las necesidades mínimas de la población: agua, alimentación y techo.

Las soluciones en camino van por tres vías: reducir la jornada escolar diaria para que un mismo establecimiento reciba mañana y tarde a los alumnos de dos colegios; utilizar infraestructura social como gimnasios, sedes de clubes o juntas de vecinos, colegios particulares subvencionados o preuniversitarios; en zonas rurales, juntar tres escuelas en una cuya infraestructura esté en buenas condiciones, poniendo transporte escolar a disposición de los alumnos. Si ninguna de estas modalidades es posible de implementar -en las zonas donde no hay ningún tipo de infraestructura utilizable porque todo fue destruido por el terremoto-, se construirán escuelas modulares.

La primera de estas escuelas ya se instaló en Iloca -con capacidad para recibir a 150 estudiantes de esa localidad costera de la Región del Maule- y será inaugurada mañana por el ministro Joaquín Lavín junto al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

En medio de este cuadro, un tema relevante son los recursos. Para el sistema escolar se creará un Fondo de Reparación, destinado a los establecimientos municipales, que contará con 10 mil millones de pesos que aportarán el Mineduc y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los municipios deberán presentar proyectos con un tope de 30 millones de pesos cada uno, entre el 22 y el 26 de marzo, para hacer reparaciones en las escuelas y liceos dañados y también para el uso de infraestructura social como colegio transitorio.

Además, considerando el riesgo de deserción, especialmente en la educación superior -alertado por el Consejo de Rectores, que estima entre 23.000 y 43.000 los estudiantes damnificados en sus universidades-, se otorgarán 20.000 becas, de 30.000 pesos cada una, que ayudarán a la mantención de estudiantes cuyas familias pertenezcan a las regiones VI, VII y VIII, durante un período de seis meses. “Se priorizará según el nivel de ingreso de las familias y el daño provocado por el terremoto y el tsunami”, afirmó el ministro Lavín al dar a conocer en La Moneda estas medidas que, en conjunto, el fondo y las becas, significarán una inversión de 26 millones de dólares.

Comité de emergencia Mineduc

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Bajo la supervisión directa del subsecretario de Educación, Fernando Rojas, está funcionando un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a hacer posible el cumplimiento de la tarea encomendada por el Presidente. Ubicados en el noveno piso del Mineduc, el jefe del equipo es el ingeniero civil Alejandro Boetsch. A cargo de canalizar los múltiples ofrecimientos que están llegando desde ONG, empresas privadas, instituciones como el Consejo Minero y voluntarios, está Susana Claro. Un rol central cumple el jefe territorial, Sebastián Barrientos, sobre quien recae la difícil tarea de contactarse con seis regiones, 15 direcciones provinciales de educación y más de 100 municipios. Trabajando junto a él hay seis personas que abarcan las seis regiones afectadas por el terremoto y el tsunami. Además, está Jaime Palma, funcionario del Mineduc a cargo de infraestructura y de la base de datos de los establecimientos a nivel nacional.

Varios mapas ocupan las paredes de esta oficina, mostrando la ubicación de los colegios con círculos de diversos tamaños, según la cantidad de alumnos, y con distintos colores, que indican las condiciones en que están, lo que permite tener una visión de dónde se concentran los peores casos. Talcahuano, Concepción y Cauquenes saltan a la vista.

En el piso 7 del ministerio, también se instaló un sistema de videoconferencia para mantener comunicación expedita con los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis). Ésta ha sido la principal dificultad, ya que es necesario chequear más de 6.000 establecimientos educacionales.

Esta secretaría de Estado envió instructivos a los sostenedores de todos los establecimientos y ya contrató a un equipo de certificadores para apoyar la determinación de los daños en la infraestructura. Se trata de ingenieros de la empresa Cruz & Dávila que enfocarán su trabajo en las regiones del Maule y Biobío. Por otra parte, también se han sostenido conversaciones con empresas constructoras para enviar equipos de profesionales que vayan a esas zonas durante 30 ó 40 días con el objetivo de apoyar también la evaluación de las soluciones finales.

“Respecto de las donaciones y ofrecimientos, estamos haciendo un puente de información entre quienes desean hacer aportes y los colegios, que no son del ministerio sino de los sostenedores, la mayoría del ámbito municipal. Así facilitamos la tarea para que los que tienen problemas encuentren a los que quieren ayudar y normalicen lo antes posible las clases”, explicó Alejandro Boestch. //LND

Las pérdidas en educación superior

El balance en las universidades del Consejo de Rectores no es alentador. Cifras preliminares indican que hay daños materiales avaluados en 58.000 millones de pesos -sin incluir pérdidas “intangibles” en materia de conocimiento e investigación-, y se registran ya varios miles de estudiantes damnificados tras el terremoto y el tsunami.

Cerca de 217.000 alumnos residen en las zonas afectadas por el sismo y se estima que entre 21.000 y 43.000 están damnificados. El Consejo de Rectores ya alertó sobre el riesgo de deserción debido a las dificultades que están enfrentando muchas familias, por lo que pidió con urgencia al Ministerio de Educación ayuda en becas de mantención y de arancel, para lo cual se necesitan 26.280 millones de pesos, señalaron.

Pese a todo, las universidades han decidido normalizar sus actividades académicas lo antes posible. De este modo, la Universidad de Chile iniciará sus clases mañana lunes y la Universidad de Santiago lo hará el 29 de marzo. En tanto, las universidades de Talca, Católica del Maule, de Concepción, del Bío-Bío y Católica de Concepción volverán a las aulas el 5 de abril.

El rector (S) de la Universidad de Talca, Luis Huerta, recalcó que de los 7.200 estudiantes hay al menos mil que están en serios problemas, porque no hay pensiones y los arriendos han subido mucho, mientras que las pérdidas materiales las cuantifican en unos 6.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones tienen que ser invertidos ahora para poder retomar las actividades, porque al menos el 30% de las salas de clases están inutilizadas y la biblioteca de la universidad ya no existe.

En la Universidad de Concepción, su rector, Sergio Lavanchy, (en la foto) lamenta el incendio de la Facultad de Ciencias Químicas tras el terremoto y la desaparición del centro de investigación en biología marina de Dichato. “Pero estamos trabajando para reponernos”, dice. Respecto del alumnado, señala que sólo cuando se inicien las clases sabrán con certeza las necesidades de los estudiantes. “Tenemos 24.000 alumnos y los que se han acercado a la universidad para informar sobre su situación han sido muy pocos”, cuenta.


Profesores preocupados

El terremoto lo cambió todo, dicen. Hasta el Colegio de Profesores, siempre combativo ante las políticas del Ministerio de Educación, ha manifestado su disposición a colaborar activamente en esta emergencia y en la reconstrucción que viene. Sus dirigentes, encabezados por Jaime Gajardo, se han reunido ya varias veces con el ministro Lavín, antes y después de que asumiera la cartera para entregarle propuestas concretas.

Y es que el gremio registra más de 500 docentes seriamente damnificados, especialmente en las regiones VI, VII y VIII, con “profesores que lo han perdido todo y requieren de urgente ayuda, no sólo material para levantar sus casas, sino también sicológica”, dice Gajardo, junto con señalar que cerca de 50.000 maestros que integran el Colegio de Profesores donarán un porcentaje de su sueldo para ir en ayuda de sus colegas abatidos.

Un tema que preocupa al gremio es la mantención de la fuente laboral, aunque los colegios no estén funcionando todavía, ”porque la cesantía significaría agravar los problemas de la gente e infligir una nueva herida en los profesores que sufrieron seriamente las consecuencias del terremoto y el tsunami”. En este sentido, piden flexibilidad “porque hay casos dramáticos como el que me tocó ver en una de las visitas de dos profesoras que lo perdieron todo, que están viviendo en una carpa prestada por vecinos y que incluso han tenido que conseguir baño en una sede social”. Muchos de ellos están centrados en afrontar la emergencia junto a su grupo familiar y en asumir liderazgo social en el caso de muchas localidades pequeñas. “Los docentes tienen que estar bien para entrar a la sala de clases con sus alumnos”, dice Gajardo y agrega que espera “que no exista abuso por parte de los sostenedores, porque el ministerio va a pagar igual la subvención, pero no tenemos seguridad de que no existan despidos o que los sostenedores usen esos dineros para otras cosas”.

Pero el magisterio no se ha quedado sólo en peticiones y también propuso al ministerio aportar con ideas pedagógicas para explicar el fenómeno ocurrido con el fin de que los alumnos tengan un conocimiento más racional de la actividad sísmica y de la preparación que debe existir para enfrentar un movimiento telúrico de gran intensidad. “El conocimiento ayuda a superar el miedo. La idea es desarrollar estas unidades pedagógicas durante las primeras semanas, con el objetivo de que la comunidad escolar en su conjunto pueda superar el shock y en algunos casos se va a requerir también apoyo sicológico”, apunta Gajardo.

Otra inquietud del Colegio de Profesores es la necesidad de pasada la emergencia y normalizadas las clases- que se proceda a la reconstrucción de cada uno de los establecimientos que quedaron inutilizados.

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